La mujer se identifica como sobreviviente de violencia vicaria. Explica que no se trata solo de un conflicto legal, sino de una situación que, a su juicio, pone en riesgo la vida y la integridad de un adolescente. Por ello, pide que las autoridades actúen con urgencia y activen los protocolos de protección a la infancia.
La mañana de este lunes, Sayuri Arrevillaga volvió a presentarse en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en la Zona Río de Tijuana. Lo hizo con la voz entrecortada y con un mensaje claro: exige justicia y una intervención inmediata para proteger a su hijo, Damián Alessandro, de 15 años, a quien no ha visto ni del que no tiene información confiable desde hace tiempo.
Una Historia Marcada Por Violencia Vicaria Y Familiar
Sayuri relató que su relación con el padre de su hijo estuvo marcada por la violencia desde el inicio. Por esa razón, decidió separarse en 2019, buscando protegerse y ofrecerle a su hijo un entorno distinto. Sin embargo, asegura que la separación no puso fin al conflicto.
Años después, en 2022, su hijo fue sustraído por su padre. Desde entonces, comenzó un proceso legal que, según explica, ha sido lento, confuso y doloroso. Durante este tiempo, presentó denuncias, testimonios y peritajes ante distintas instancias.
La madre sostiene que entregó pruebas relacionadas con violencia familiar, violencia vicaria y sustracción de menores. También afirma que existen carpetas de investigación abiertas. Aun así, denuncia que estas evidencias no han sido suficientes para que se dicten medidas efectivas de protección.
Uno de los momentos más frustrantes para ella ocurrió cuando un juez de control decidió dejar libre a su agresor. De acuerdo con Sayuri, el argumento fue que, en el año 2022, la sustracción de menores no estaba tipificada como delito y que la violencia vicaria fue minimizada como un concepto sin relevancia jurídica.
Esa resolución, asegura, marcó un antes y un después en el caso. A partir de ahí, el proceso continuó en el Juzgado Quinto de lo Familiar, bajo la responsabilidad de la jueza Aleyda Villegas. Sin embargo, la sensación de abandono institucional persiste.
¿Qué Es La Violencia Vicaria?
La violencia vicaria es una forma de agresión en la que una persona daña a sus hijas o hijos con el objetivo de causar sufrimiento a la madre. No siempre implica violencia física directa, pero sí control, amenazas, manipulación y el uso de los menores como medio para ejercer poder. En muchos casos, esta violencia ocurre después de una separación y se manifiesta mediante la sustracción, el ocultamiento o la restricción del contacto con los hijos.
Este tipo de violencia tiene un impacto profundo en niñas, niños y adolescentes, ya que los coloca en medio de conflictos adultos y los expone a situaciones de riesgo emocional y físico. Aunque en los últimos años ha comenzado a reconocerse en el marco legal, víctimas y colectivos señalan que aún enfrenta obstáculos para ser atendida de manera oportuna por las autoridades.
Señales De Riesgo Y Falta De Respuestas
La preocupación de Sayuri aumentó en días recientes tras recibir información de Liliana, hermana de Magali, actual pareja del padre de su hijo. Según ese testimonio, la situación dentro del domicilio sería grave y estaría marcada por episodios constantes de violencia.
Liliana le habría advertido que temía por la vida tanto de su hermana como del menor. Incluso, le informó que Magali habría intentado quitarse la vida, presuntamente como consecuencia del entorno violento en el que se encontraba.
Ante estos hechos, la madre de Magali viajó desde Guerrero hasta Tijuana. Al llegar, según el relato, encontró a su hija en condiciones alarmantes. No había comido en todo el día. No tenía acceso a alimentos ni agua. Además, el menor no se encontraba en el domicilio.
El padre, de acuerdo con esta versión, repetía que Damián estaba con un amigo. Sin embargo, no ofrecía mayores detalles ni pruebas claras de su ubicación. Esta versión incrementó la angustia de Sayuri.
La madre asegura que toda esta información ya fue entregada a la Fiscalía. También afirma que Liliana ya rindió su declaración formal. A pesar de ello, dice no haber recibido ninguna notificación oficial sobre la localización de su hijo.
Aunque el padre sostiene que la Fiscalía ya localizó al menor, Sayuri insiste en que nadie le ha confirmado nada. “No me han dicho cómo está. O si está bien. No sé si está a salvo”, expresó.
Exigen Activar Protocolos De Protección Infantil
Ante este escenario, Sayuri acudió nuevamente a la Fiscalía para exigir acciones concretas. Su principal demanda es que se activen los protocolos de protección a la infancia y que su hijo sea resguardado de manera inmediata por las autoridades competentes.
La madre considera contradictorio que se afirme que el adolescente está bien, mientras la pareja del padre se encuentra en una situación crítica. Para ella, este contraste es una señal clara de que algo no está funcionando y de que el riesgo es real.
Solicita que se realice una investigación exhaustiva y transparente. Pide que no se minimicen las denuncias y que se priorice el interés superior del menor. Asegura que no busca venganza, sino protección y justicia.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la violencia vicaria y los vacíos institucionales que, según colectivos y víctimas, aún persisten en el sistema judicial. Para Sayuri, su lucha no es solo personal. También representa a otras madres que enfrentan situaciones similares.
La incertidumbre continúa. La madre espera que esta vez su llamado no sea ignorado y que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde.
