La Ley de Preventa Inmobiliaria surge como una respuesta a prácticas irregulares que, durante años, han generado incertidumbre jurídica y afectaciones patrimoniales en el mercado de vivienda en Nuevo León. Cada vez más utilizada para adquirir inmuebles o invertir en proyectos en desarrollo, operó durante mucho tiempo sin una regulación específica que delimitara responsabilidades y condiciones mínimas.
El reciente avance legislativo en el Congreso de Nuevo León representa un intento por atender estas fallas estructurales. La iniciativa busca establecer reglas claras que ordenen la preventa inmobiliaria y reduzcan los riesgos asociados al fraude.
Ley De Preventa Inmobiliaria Ante Un Mercado Sin Reglas Claras
La preventa inmobiliaria se consolidó como un mecanismo para acceder a precios preferenciales o participar tempranamente en proyectos habitacionales. No obstante, la ausencia de un marco legal permitió que esta práctica fuera utilizada de manera indebida en algunos casos.
Dentro del propio sector inmobiliario se identificaron situaciones recurrentes, como el rechazo de ofertas una vez concluido el proyecto para revender el inmueble a un precio mayor, desarrollos que nunca se construyen y devoluciones de capital que se prolongan durante años. También se documentaron casos en los que el dinero se regresó sin rendimientos, pese al tiempo transcurrido, o se ofrecieron inmuebles sin contar con permisos y licencias vigentes.
Estos escenarios afectaron la confianza de compradores e inversionistas y evidenciaron la necesidad de una regulación que diferenciara entre operaciones formales y prácticas irregulares.
Por Qué La Ley De Preventa Inmobiliaria Resulta Necesaria
La ley, aprobada en comisión, incorpora seis nuevos artículos al Código Civil del estado. Su objetivo es normar la preventa inmobiliaria y establecer condiciones mínimas para su operación.
El dictamen define como preventa el ofrecimiento de un inmueble que aún no puede ser transmitido jurídicamente, ya sea porque se encuentra en proceso de construcción, urbanización o desarrollo, o porque no cuenta con la autorización de venta conforme a la legislación urbana vigente.
En términos generales, la regulación:
- Delimita con claridad qué se entiende por preventa inmobiliaria.
- Establece requisitos mínimos de información en los documentos de preventa.
- Prohíbe ofrecer inmuebles sin licencia de construcción vigente.
- Fija plazos y sanciones en caso de incumplimientos.
El enfoque de la ley no apunta a frenar el desarrollo inmobiliario, sino a ordenar el mercado y reducir los márgenes para prácticas asociadas al fraude.
Protección Para Compradores E Inversionistas
Uno de los ejes centrales de la ley es la protección de quienes entregan cantidades significativas de dinero bajo esquemas de preventa. Al exigir información clara desde el inicio, se busca disminuir la incertidumbre y fortalecer la toma de decisiones informadas.
Entre los efectos esperados se encuentran una mayor transparencia sobre el estatus legal de los proyectos, claridad respecto a permisos y licencias, definición de responsabilidades entre las partes y una reducción del riesgo de pérdidas patrimoniales.
La certeza jurídica se plantea como un elemento clave para la sostenibilidad del mercado inmobiliario en el largo plazo.
El Rol De Los Desarrolladores Formales
Desde la óptica de desarrolladores que operan bajo esquemas formales, la ley permite establecer una distinción clara entre quienes cumplen con la normatividad y quienes operan al margen de ella. Contar con reglas definidas eleva los estándares del mercado y contribuye a reducir la competencia desleal.
Un marco regulatorio sólido también favorece la confianza de compradores e inversionistas y fortalece la reputación del sector inmobiliario en su conjunto.
Propuestas Técnicas Y Participación Sectorial
En el proceso de análisis legislativo participaron actores del sector inmobiliario. Entre ellos, Quantium Desarrollos, cuyo fundador, Pedro Dávila, presentó ante el Congreso una propuesta de reforma conocida como Ley de Preventas Inmobiliarias.
La iniciativa planteó un esquema integral que considera la participación de más de 30 actores del ecosistema inmobiliario, incluidos notarios, autoridades, instituciones financieras, inversionistas y compradores, con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica y modernizar el marco legal del sector.
Reconocimientos Y Experiencia Profesional
La participación técnica de Pedro Dávila en el análisis y discusión de la ley fue reconocida durante el último trimestre de 2025 por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León, y el Colegio de Abogados de Nuevo León A.C..
Con más de dos décadas de experiencia empresarial y su participación como consejero editorial en la sección de Bienes Raíces del periódico El Norte durante 2023 y 2024, su intervención se centró en el diseño de soluciones legales orientadas a un crecimiento ordenado del sector.
Regulación y Combate A La Desinformación
Además de reducir el fraude inmobiliario, la ley busca disminuir la desinformación que rodea al mercado. En un entorno donde los rumores y la falta de datos verificables afectan la confianza, contar con reglas claras permite responder preguntas básicas sobre permisos, licencias, plazos y responsabilidades.
La regulación establece parámetros objetivos que facilitan la evaluación de proyectos y contribuyen a un mercado más transparente.
