A casi 12 años del feminicidio de Sandra Camacho Aguilar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles un proyecto que podría aumentar la condena de Javier Méndez Ovalle, conocido como “El asesino de Tlatelolco”. Actualmente cumple una sentencia de 50 años por el crimen cometido en 2013, pero nuevos elementos podrían extenderla hasta 60 años.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propone no solo una nueva valoración del caso, sino también una reparación integral del daño para la familia de Sandra. Este proyecto busca corregir omisiones del proceso judicial inicial y sentar un precedente para casos similares en el país.
Un caso emblemático de violencia y revictimización
El feminicidio de Sandra Camacho Aguilar conmocionó al país por su brutalidad y las fallas en el proceso judicial. Sandra, una joven de 17 años con sueños de estudiar nutrición, fue asesinada el 28 de junio de 2013 en el departamento de Javier Méndez, entonces un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
De acuerdo con el expediente, Méndez contactó a Sandra a través de Facebook, construyendo una relación de confianza que culminó en el trágico encuentro. Después de asesinarla, desmembró su cuerpo y dispersó los restos en bolsas de basura y jardineras de la Unidad Habitacional Tlatelolco.
El caso generó indignación no solo por la violencia del crimen, sino también por la forma en que algunos medios destacaron los logros académicos del agresor, minimizando la gravedad de sus actos y revictimizando a Sandra.
Nuevos elementos en el proceso judicial de SCJN
El proyecto de González Alcántara destaca que en la sentencia original no se tomaron en cuenta diversas causales, como la agresión sexual y la relación de confianza entre el agresor y la víctima. Estas omisiones, según el ministro, deben corregirse para garantizar justicia plena.
“La nueva valoración probatoria debe acreditar que el feminicida agredió sexualmente a la menor y que existía una relación de confianza en el momento de los hechos”, detalla la propuesta.
Además, el ministro argumenta que este análisis debe basarse en el artículo 148 bis del Código Penal del Distrito Federal, vigente al momento del crimen, para aplicar una penalidad más severa.
Precedente para casos de feminicidio
Si el proyecto recibe los votos necesarios, podría convertirse en jurisprudencia, lo que obligaría a juzgados y tribunales a considerar estos criterios en casos similares. La Primera Sala de la Corte discutirá la propuesta, que necesita al menos tres votos para ser aprobada y cuatro para establecer un precedente obligatorio.
El abogado de la familia de Sandra, Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, explicó que la atracción del caso por parte de la SCJN es un paso importante para visibilizar la violencia en los feminicidios y corregir errores del Poder Judicial.
“Lo que está haciendo la Corte es conocer el caso y adentrarse al fondo del asunto. Reconocen que hubo un error al no incluir la violencia sexual como parte de las causales del feminicidio”, señaló el abogado.
Reparación integral del daño
Además de la nueva valoración, el proyecto propone una reparación integral del daño, en línea con los estándares internacionales de justicia para víctimas de violencia de género. Esto incluye compensaciones económicas y medidas simbólicas para garantizar que el caso sea un ejemplo de justicia restaurativa.
La Ley General de Víctimas establece que las indemnizaciones deben cubrir todos los perjuicios sufridos por la familia de la víctima, un aspecto que el ministro subraya como esencial en este caso.
Un paso hacia la justicia: SCJN
El feminicidio de Sandra Camacho Aguilar es un recordatorio de las profundas fallas en el sistema judicial mexicano. La discusión en la SCJN representa una oportunidad para corregir esas deficiencias, sentar precedentes y garantizar que las víctimas y sus familias reciban justicia completa.
Para la familia de Sandra, este avance es un paso significativo, pero también una lucha constante por visibilizar las circunstancias de los feminicidios y exigir que no se repitan. Este miércoles, todos los ojos estarán puestos en la decisión de la Corte, que podría marcar un antes y un después en la forma en que se juzgan los casos de violencia de género en México.
La resolución no solo tendrá impacto en la condena de Javier Méndez Ovalle, sino también en cómo el país enfrenta y busca justicia para las víctimas de feminicidio, estableciendo un compromiso renovado con la verdad y la reparación integral.
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